•  Entre 2023 y 2025 el cambio climático dejó de ser una prioridad nacional, el presupuesto destinado al sector se redujo en tres cuartas partes. 
• Honduras, el tercer país más vulnerable del mundo, enfrenta crisis ambiental sin estrategia de protección. 

Tegucigalpa, 21 de abril de 2026. Ante un escenario donde Honduras se posiciona como el tercer país más vulnerable del mundo a desastres naturales, el Instituto de la Justicia de ASJ hizo un llamado urgente a priorizar la agenda climática mediante reformas legales profundas y una gestión transparente de los recursos destinados a la protección del medio ambiente. 

En la tercera entrega de la serie Estado de País 2026, titulada “Cambio Climático: Bosque y vidas en riesgo”, el Instituto de la Justicia alertó que el país ha perdido aproximadamente 900 mil hectáreas de bosque en los últimos 11 años. De mantenerse el ritmo actual de deforestación e incendios, la cobertura forestal hondureña podría desaparecer por completo en 71 años (para el año 2094), un escenario que no solo amenaza la biodiversidad, sino que impacta la economía y la seguridad humana. 

El informe revela que la principal amenaza ambiental denunciada en 2025 fue la explotación ilegal de recursos naturales. Con 527 denuncias –ocho veces más que las reportadas por contaminación de aire, agua o suelo-, este se consolida como el principal delito ambiental en el país. A pesar de la magnitud del problema, el apoyo presupuestario para combatirlo es mínimo: en 2025 solo se asignaron L 11.8 millones a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, cifra que representa apenas el 0.4% del presupuesto del Ministerio Público, limitando su capacidad operativa. 

Esta precariedad institucional se extiende a la protección de los derechos humanos. En la última década, se contabilizan 111 defensores del ambiente asesinados, de los cuales el 92% de los casos permanecen en la impunidad. Para el Instituto de la Justicia, esta situación refleja una grave carencia de recursos técnicos y financieros especializados para investigar crímenes contra quienes están en la primera línea de defensa de los recursos naturales. 

Asimismo, el análisis técnico subraya la urgente necesidad de asegurar la trazabilidad del financiamiento climático. Entre 2022 y 2025, el país destinó más de L 3,100 millones a reforestación y conservación; sin embargo, existe una dispersión de información que impide conocer con precisión quién ejecuta los recursos y cuáles son los resultados reales. Por ello, se enfatiza la importancia de centralizar esta información en un solo portal público amigable que garantice que el dinero llegue efectivamente a las zonas de mayor vulnerabilidad. 

Finalmente, el Instituto de la Justicia recomienda la unificación y modernización de la legislación ambiental, la cual se encuentra actualmente dispersa y desactualizada. También se insta a las autoridades a revisar de forma crítica las metodologías de restauración del paisaje, dado que Honduras continúa perdiendo más cobertura forestal de la que logra reforestar anualmente. 

La serie Estado de País tiene como objetivo aportar evidencia y análisis para la toma de decisiones, promoviendo el debate informado y la construcción de soluciones ante los desafíos que amenazan el futuro sostenible de Honduras.