Instituto de la Justicia

HONDURAS REGISTRA UN ALARMANTE 98% DE IMPUNIDAD EN HOMICIDIOS EVIDENCIANDO LA INGOBERNABILIDAD EN SEGURIDAD Y JUSTICIA

  • El país se consolida como el epicentro de la violencia basada en género en América Latina, registrando el asesinato de una mujer cada 33 horas y una denuncia por abuso sexual infantil cada 7 horas.

Tegucigalpa, 26 de mayo de 2026. Honduras enfrenta un estancamiento en su sistema de seguridad ciudadana y acceso a la justicia debido a graves problemas estructurales de impunidad y gobernabilidad, según lo revelado hoy en la quinta entrega de la serie “Estado de País 2026”, dedicada al sector de Seguridad y Justicia presentada por el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El informe señala que, si bien existen disminuciones en indicadores como la tasa de homicidios – que pasó de 85.5 por cada 100 mil habitantes en 2012 a una tasa de 26.6 en 2025-, el país sigue siendo el más violento de Centroamérica, registrando un promedio de 6 homicidios por día.

A pesar de que el Estado destinó un presupuesto acumulado histórico de 130,621.98 millones de lempiras a las instituciones de seguridad y justicia durante el período 2022-2025 -y de haber recaudado en la Tasa de Seguridad un promedio anual de 4,423.1 millones de lempiras, el doble de la década anterior-, el sistema penal se encuentra estancado.

El análisis revela que el incremento presupuestario de los últimos gobiernos no se traduce en justicia ni en el fortalecimiento real de los operadores de justicia, una debilidad estructural que se refleja en que el índice de impunidad alcanzó un histórico 98% en 2025, dejando sin sentencia condenatoria a la inmensa mayoría de los 74,820 homicidios ocurridos en los últimos 15 años.

Por otro lado, la encuesta de victimización del Instituto de la Justicia revela que la extorsión persiste con fuerza en el territorio al mantener un índice de 10.6% que afectó directamente a 294,760 hogares en 2025; este escenario se ve agravado por la expansión geográfica del delito, dado que departamentos como Yoro con un 19.7% y Lempira con un 14.8% registran niveles de victimización muy superiores al promedio nacional, lo que demuestra que la extorsión se ha extendido con fuerza a zonas donde antes no llegaba.

El informe también confirma que Honduras se mantiene como el epicentro de la violencia de género y los femicidios en América Latina. Durante el año 2025, ocurrieron 262 muertes violentas de mujeres y femicidios, lo que significa que una mujer es asesinada cada 33 horas en el país. En los últimos cinco años (2019-2025), de 2,278 femicidios registrados, el Poder Judicial reporta que solo 150 casos fueron judicializados y apenas 67 terminaron en sentencias condenatorias, consolidando una tasa de impunidad del 95.4% en violencia contra las mujeres.

Por otra parte, el informe denuncia que el Estado no garantiza la protección de los niños, niñas y adolescentes. Durante el año 2025, el sistema penal registró que cada 7 horas se interpuso una denuncia por abuso sexual infantil, convirtiéndose en uno de los reflejos más alarmantes de la deuda del aparato de justicia y prevención social en los sectores más vulnerables.

A partir de la recopilación de datos oficiales, el Instituto de la Justicia de ASJ plantea una ruta de acción centrada en la sustitución progresiva de las medidas restrictivas de choque por operaciones estratégicas de inteligencia táctica y fortalecimiento tecnológico. Esta estrategia de focalización debe priorizar las zonas de mayor incidencia criminal, como el Distrito Central y San Pedro Sula, que concentraron el 40% de los homicidios en 2025, permitiendo un abordaje eficiente de los fenómenos delictivos.

Asimismo, se señala la necesidad imperativa de impulsar las reformas pendientes al Código Penal y al Código Procesal Penal, junto con una modernización integral y un control efectivo y sostenible del sistema carcelario nacional. Para asegurar la sostenibilidad de estos esfuerzos, el Instituto propone equilibrar la asignación de recursos presupuestarios hacia la investigación científica criminal del Ministerio Público y la profesionalización técnica de los operadores de justicia, blindando definitivamente a las instituciones de la politización y el clientelismo.

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