- El reconocimiento oficial de estas prácticas evidencia el riesgo de que la propaganda digital se institucionalice, afectando gravemente la transparencia y la democracia.
Tegucigalpa, 14 de octubre 2025. La desinformación se ha convertido en una amenaza creciente para la democracia a nivel global. En Honduras, un hallazgo especialmente preocupante es el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios, empleados y becarios del Estado en la creación y difusión de contenido. Así lo revela la investigación “Operación Desinformación”, presentada este martes por el Instituto de la Justicia.
El estudio de tres tomos fue dado a conocer ante representantes de la academia, sociedad civil, empresa privada y otros sectores, y expone con detalle cómo funcionan las redes de desinformación estatales, sus patrones de propagación en redes sociales y las rutas de acción necesarias para contrarrestar este fenómeno.
Entrevistas a profundidad con empleados y exempleados públicos, becarios y expertos, así como una revisión exhaustiva de planillas oficiales, presupuestos, contratos públicos y comunicaciones enviadas a través de plataformas de mensajería instantánea por parte de ministros y altos funcionarios, dejan en evidencia patrones de ataque desde cuentas reales y falsas que difunden propaganda y manipulan la conversación pública, apoyadas directa o indirectamente por recursos del Estado.
La investigación señala que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo la administración del ministro anterior, se instauró un entorno de control y coerción. Funcionarios y becarios eran instados a compartir mensajes en redes personales e incluso manejar cuentas falsas, bajo la presión implícita de que su empleo o beca dependía de cumplir estas directrices.
Asimismo, la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), dirigida por Ricardo Salgado, habría operado como un centro de creación y difusión de contenido progobierno y de ataque a la oposición. Con un presupuesto que se ha más que duplicado en los últimos dos años —de L 417 millones en 2023 a L 1,025 millones en 2025— la SPE concentra 278 empleados dedicados a campañas digitales, con un gasto mensual de casi L 9 millones solamente en salarios para el equipo relacionado a comunicación.
El estudio detalla que esta estructura combina páginas falsas que simulan medios independientes, operadores humanos profesionales y el uso experimental de inteligencia artificial para generar contenido propagandístico y desinformativo.
El Instituto de la Justicia alertó que el uso de fondos públicos y la participación de altos funcionarios en campañas de desinformación representan una grave amenaza para la democracia y la libertad de expresión en Honduras. La investigación concluye que estas operaciones son planificadas y financiadas desde el Estado, haciendo mal uso de recursos que podrían haber sido invertidos en áreas esenciales como educación y salud. El uso de grandes cantidades de recursos públicos para propaganda política puede erosionar la transparencia y fomenta el miedo, la autocensura y el descrédito hacia quienes fiscalizan al poder.
Sobre el Instituto de la Justicia
El Instituto de la Justicia es un think tank comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la justicia en Honduras. A través de investigaciones aplicadas, genera propuestas y conocimiento orientados a mejorar la toma de decisiones en beneficio de la sociedad hondureña.
En un contexto de crecientes desafíos institucionales, el Instituto se posiciona como un espacio de análisis y propuesta que impulsa soluciones técnicas, éticas y rigurosas para la transformación social.