- Solo el 14% de los hondureños cree que el gobierno prioriza la lucha anticorrupción, ante un sistema con altos índices de impunidad
- Honduras cuenta con el segundo peor servicio civil de Latinoamérica, lo que impide el funcionamiento adecuado de la administración pública
Tegucigalpa, 12 de mayo de 2026. El Instituto de la Justicia presentó hoy la cuarta entrega de su serie anual “Estado de País 2026”, dedicada al sector de Democracia y Transparencia. El informe revela que Honduras enfrenta un estancamiento crítico en la lucha contra la corrupción, reflejado en el hecho de que solo el 14% de la ciudadanía percibe que el combate a la impunidad es una prioridad real para el gobierno actual.
Esta falta de confianza se sustenta en un sistema donde, a pesar de las denuncias, los resultados judiciales son mínimos; en 2025 se presentaron 2,148 denuncias de corrupción y solo 6 finalizaron en condena, lo que evidencia la debilidad y falta de independencia de las fiscalías anticorrupción.
El diagnóstico enfatiza que la corrupción en Honduras es un problema estructural que frena el desarrollo. El país no solo ocupa posiciones alarmantes en índices internacionales (157 de 182 en el Índice de Percepción de Corrupción), sino que ocupa el segundo peor sistema de servicio civil de la región, según los indicadores técnicos. Esta carencia de una carrera administrativa profesional facilita el clientelismo y la politización de las instituciones, elevando los costos de operación del Estado y limitando el acceso a fondos de desarrollo como la Cuenta del Milenio.
Honduras se sitúa en la última posición regional en transparencia legislativa con una calificación de apenas 23.6%, según el índice internacional de 2023. Este hallazgo del informe Estado de País confirma un desempeño deficiente en la rendición de cuentas del Congreso Nacional, caracterizado por una marcada opacidad en la ejecución de fondos y en la toma de decisiones estratégicas, lo que evidencia una brecha profunda frente a los estándares internacionales de parlamento abierto.
Esta opacidad se extiende al ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la información pública. El estudio revela que, de las 12,431 solicitudes de información realizadas en 2025, un total de 2,054 no fueron contestadas y 1,498 se respondieron fuera de los plazos legales. Este incumplimiento, que equivale al 28% de las gestiones ciudadanas, evidencia la necesidad de que Honduras avance con urgencia hacia un modelo de transparencia activa. En este esquema, la información gubernamental debería estar disponible de forma pública y actualizada, eliminando las barreras burocráticas que hoy obligan al ciudadano a solicitar datos que, por ley, deberían ser de libre acceso.
El informe advierte sobre la fragilidad del sistema electoral en un contexto donde Honduras se mantiene en un estancamiento democrático, con un promedio de 46.5 puntos en la última década. Esta vulnerabilidad se ve agravada por prácticas de clientelismo; según la encuesta del Instituto de la Justicia, 1 de cada 8 hondureños reportó que se le ofrecieron beneficios a cambio de su voto en el último año. Estos factores, sumados a las fallas históricas en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), elevan el riesgo de conflictividad social si no se garantiza la autonomía técnica y financiera de los órganos electorales.
Ante este panorama, el Instituto de la Justicia plantea una hoja de ruta centrada en la Reforma del Estado. La propuesta prioriza la modernización del sistema de servicio civil para garantizar la idoneidad de los funcionarios y la apertura de concursos públicos para establecer una carrera electoral permanente. Asimismo, se insta al Congreso Nacional a adoptar estándares de parlamento abierto y a reformar la Ley Electoral para asegurar la paridad efectiva y la transparencia en la transmisión de resultados.
El Instituto de la Justicia reafirma que la pregunta para Honduras ya no es qué reformas se necesitan, sino por qué la voluntad política no ha permitido su ejecución, subrayando que solo una gestión basada en la transparencia y el mérito podrá cerrar las brechas que actualmente debilitan la democracia hondureña