EXPERTOS JURISTAS ADVIERTEN QUE HONDURAS ENFRENTA UNA CRISIS QUE AMENAZA SU SISTEMA DEMOCRÁTICO
Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2025. Honduras se enfrenta a una crisis constitucional derivada de un proceso de concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales que deteriora el funcionamiento del sistema democrático de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, señaló este lunes un grupo de académicos y expertos en derechos humanos, derecho constitucional, penal e internacional. A través de una opinión jurídica, el grupo de expertos apuntó que la combinación del cierre irregular del Congreso Nacional, la instrumentalización del Ministerio Público, la omisión del Poder Judicial y la expansión militar del Ejecutivo ha generado una ruptura constitucional de carácter material, afectando el equilibrio democrático y vulnerando el Estado de derecho, la separación de poderes y los compromisos internacionales asumidos por el país, con riesgos de regresión autoritaria. De acuerdo con el documento, este proceso se desarrolla en un contexto político marcado por tensiones institucionales, denuncias de interferencia en órganos electorales y acciones estatales cuestionadas por distintos sectores sociales, lo cual incrementa la preocupación sobre la integridad y legitimidad del proceso electoral en curso. A criterio de los expertos, la neutralización del Congreso Nacional constituye uno de los núcleos de la crisis, debido a decisiones unilaterales de la Presidencia que impedirían su funcionamiento regular y deliberativo. Por otro lado, la desviación de poder en el Ministerio Público ha instrumentalizado la acción penal pública para incidir en procesos electorales, en contravención del principio de objetividad y legalidad, mientras la omisión del Poder Judicial, al no ejercer con prontitud el control constitucional mediante la resolución de recursos de amparo e inconstitucionalidad, ha afectado su autonomía e imparcialidad, lo cual debilita aún más la función de control judicial indispensable en un Estado constitucional. Afectaciones al sistema electoral y prolongado estado de excepción Los juristas alertaron además sobre el sabotaje sistemático a los órganos electorales, tanto interno —mediante la falta deliberada de quórum en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)— como externo, a través de investigaciones penales con difusión pública que generan intimidación y deslegitimación institucional. De manera adicional, subrayaron que el estado de excepción prolongado durante casi tres años, sin control legislativo ni judicial, ha afectado derechos fundamentales como la libertad de circulación, expresión, reunión pacífica, debido proceso y participación política. Este panorama, advierten, resulta incompatible con la celebración de elecciones libres, genuinas y competitivas. “Este impacto se vuelve especialmente grave en el contexto del proceso electoral previsto para el 30 de noviembre de 2025, donde un clima de temor, inhibición y restricciones indebidas resulta incompatible con el desarrollo democrático de elecciones libres, genuinas y competitivas”, enfatizaron. Para restablecer el orden constitucional en Honduras, recalcaron, es necesario reactivar de inmediato el Congreso Nacional y garantizar su funcionamiento legítimo. Además, el Ministerio Público debe evitar interferencias en el proceso electoral y actuar con imparcialidad; el Poder Judicial debe resolver con prontitud los recursos relacionados con el estado de excepción; y las Fuerzas Armadas deben limitarse a funciones logísticas bajo supervisión civil. Al Estado hondureño, recomendaron solicitar observación y acompañamiento técnico internacional, incluida una auditoría independiente sobre el uso del estado de excepción desde 2022 y mecanismos de observación continua durante el período electoral, por parte de Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Finalmente, los expertos concluyen que solo mediante el restablecimiento del equilibrio entre poderes, el respeto a las garantías constitucionales y la sujeción de todas las instituciones a la ley, Honduras podrá preservar su democracia y asegurar la realización de elecciones libres y auténticas. Ver evento:https://www.youtube.com/live/iMW18q0_0G4?si=tlZBJkZIF5uT1cf3
OPINIÓN JURÍDICA SOBRE LA CRISIS CONSTITUCIONAL EN HONDURAS (2025)
Grupo de Juristas Hondureños invitados por el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Autores: Ruth Lafosse, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), consultora nacional e internacional, experta en derecho constitucional; Kenneth Madrid Chinchilla, experto en materia penal; Danelia Ferrera, exdirectora de Fiscales del Ministerio Público; Sandra Ponce, exfiscal de Derechos Humanos; Marcela Castañeda, docente universitaria y ex subsecretaria de Seguridad y Derechos Humanos; Irma Grissel Amaya Banegas, exfiscal y experta en derechos humanos y género; María Antonia Navarro Bustillo, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y experta en derecho internacional; Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y académica; Gustavo Solórzano, académico y presidente del Colegio de Abogados de Honduras; Félix Ávila, ex funcionario judicial, experto en materia penal; Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa; Leónidas Rosa Bautista, excanciller de la República, ex fiscal general y ex presidente del Colegio de Abogados de Honduras; Ivis Discua Barillas, exmagistrado y experto en materia penal; Juan Carlos Pérez Cadalso, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialista en derecho internacional, y Roy Urtecho, ex fiscal adjunto y expresidente del Colegio de Abogados de Honduras. I. Introducción: naturaleza y alcance de la crisis constitucional La República de Honduras enfrenta en el año 2025 una crisis constitucional estructural que ha tenido como antecedentes las fracturas experimentadas en las últimas dos décadas, incluyendo la ruptura del orden constitucional en 2009 y la crisis político-electoral derivada del proceso de reelección presidencial en 2017. La coyuntura actual, sin desconocer esos antecedentes, presenta dinámicas propias que amenazan nuevamente la estabilidad institucional, la vigencia del Estado de derecho y la autenticidad del régimen republicano de separación de poderes. Esta situación se caracteriza por una alteración sostenida del equilibrio entre los poderes del Estado, una erosión persistente del principio republicano de separación de funciones previsto en el artículo 4 de la Constitución de la República y una alineación funcional irregular entre órganos que, por diseño constitucional, deben operar como contrapesos para garantizar la legalidad, la independencia, la rendición de cuentas y el respeto al ejercicio de la democracia. En medio de esta crisis político-constitucional han surgido dudas, criterios contrapuestos y múltiples cuestionamientos respecto del marco constitucional y electoral vigente. Ante este escenario, el Instituto de la Justicia, centro de pensamiento hondureño, ha considerado oportuno convocar a un grupo de juristas reconocidos del país para emitir una opinión especializada frente a estas inquietudes. Con ello, se espera aportar mayor certeza jurídica, contribuir a la disminución de la crisis institucional y coadyuvar a la garantía de elecciones justas e íntegras. El proceso de concentración de poder en el Ejecutivo se ha manifestado a través de cuatro ejes interrelacionados, en un contexto político-electoral marcado por 2 tensiones institucionales, denuncias públicas de interferencia en órganos electorales y actuaciones estatales cuestionadas por diversos sectores sociales, lo cual ha generado una preocupación creciente sobre la integridad del proceso electoral. Primero, la neutralización del Congreso Nacional mediante decisiones unilaterales de su Presidencia, que ha desconocido la voluntad del Pleno, impidiendo la instalación del Congreso Nacional en sesiones ordinarias, a pesar de que están legítimamente aprobadas en la sesión extraordinaria del 28 de octubre de 2025 y de conformidad a los artículos 189, 190, 191, 192 y 193 de la Constitución de la República. Segundo, la desviación de poder en el Ministerio Público, el cual ha instrumentalizado la acción penal pública para incidir en procesos electorales, en contravención del principio de objetividad y legalidad establecido en el artículo 232 de la Constitución de la República, los artículos 93 y 273 (último párrafo) del Código Procesal Penal y la Guía Práctica sobre Jurisprudencia de la Corte IDH para Fiscalías punto I, I.2., I.4.2., I.4.2.1. Estas actuaciones al margen de la ley han impactado de manera directa en la independencia judicial, pues han provocado la emisión de resoluciones que no se fundamentan en la ley ni en la evidencia, sino en pretensiones abusivas e ilegales promovidas por el ente acusador, en contravención de los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República y de los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercero, la omisión del Poder Judicial al rehusarse a ejercer el control constitucional mediante la resolución de recursos de amparo e inconstitucionalidad, incumpliendo los plazos razonables exigidos por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el mandato contenido en el artículo 53 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Esta falta de respuesta oportuna se ha visto agravada por la afectación a su autonomía e imparcialidad generada por las actuaciones indebidas del Ministerio Público, lo cual debilita aún más la función de control judicial indispensable en un Estado constitucional. Cuarto, la expansión del rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) más allá de los límites definidos en el artículo 272 de la Constitución de la República, lo que ha generado una distorsión institucional que vulnera el principio de subordinación militar al poder civil y afecta la integridad del proceso electoral. En este marco, la institución castrense ha pretendido asumir funciones vinculadas a la administración directa del proceso electoral, que por mandato constitucional corresponden exclusivamente a los órganos electorales civiles, en contravención del artículo 51 de la Constitución de la República. Este diagnóstico encuentra sustento normativo tanto en la Constitución hondureña como en el derecho internacional. Los artículos 4 y 303 de la Constitución de la República garantizan la independencia de poderes y la autonomía del Poder Judicial. A nivel internacional, la Opinión Consultiva OC-6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma que la democracia representativa es un elemento esencial de los derechos humanos y el Informe 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre Honduras advierte sobre el debilitamiento de los contrapesos institucionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) y la Convención
La Crisis Institucional de Honduras se Agrava ante las Elecciones de 2025
Resumen de hechos y declaración de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional. RESUMEN Este informe resume los principales acontecimientos que conforman el contexto político actual de Honduras y subraya la urgente necesidad de una observación y un compromiso internacional sostenido para salvaguardar la credibilidad de las elecciones de 2025. El informe cubre lo siguiente: INTRODUCCIÓN Honduras se acerca a las elecciones generales el 30 de noviembre de 2025 en medio de una crisis política e institucional cada vez más profunda, acompañada de una preocupación generalizada por la transparencia y la integridad del proceso electoral. La situación se agravó considerablemente tras la publicación por parte del Ministerio Público, el miércoles 29 de octubre, de grabaciones de audio no verificadas que, supuestamente, implican a un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una conspiración para influir en los resultados electorales. La crisis se intensificó el sábado 1 de noviembre, cuando el presidente del Congreso instaló una Comisión Permanente facultada para actuar en nombre del Congreso durante los períodos de receso, excluyendo notablemente a los representantes de los dos principales partidos de la oposición. Esta medida se tomó a pesar de que la mayoría de los diputados votaron el martes 28 de octubre a favor de prorrogar la sesión legislativa hasta enero del próximo año. En consecuencia, dos órganos rivales reclaman ahora la legitimidad para representar al Congreso: uno liderado por la mayoría legislativa y otro por el presidente del Congreso, alineado con el Gobierno de LIBRE. Estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de descontento generalizado con la actuación del Gobierno de LIBRE en los últimos años, lo que ha dejado a la candidata del partido, Rixi Moncada, muy por detrás de los candidatos de la oposición en las encuestas electorales. Una encuesta realizada por Le Vote para el Instituto de Justicia mostró una diferencia sustancial entre los candidatos: Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lidera con el 40 % de los votos, seguido de Nasry Asfura con el 31 % y Moncada en tercer lugar con el 25 %. En las encuestas existentes, Nasralla lidera en 9 de las 14 encuestas publicadas, Asfura en 3 y Moncada en 2, con un promedio del 31 % para Nasralla, el 27 % para Asfura y el 24 % para Moncada. Las dos encuestas que indican una ventaja de Moncada han sido ampliamente criticadas por fuentes fiables por sus metodologías dudosas (en el caso de Tresearch) y sus posibles vínculos con el Gobierno actual (en el caso de Opinómetro). La mala posición de LIBRE en las encuestas parece haber motivado al partido a aprovechar su influencia sobre las instituciones estatales de formas que podrían socavar la integridad de las próximas elecciones. POLITIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El actual fiscal general, Johel Zelaya, fue nombrado inicialmente en un proceso muy controvertido, por una comisión permanente de nueve miembros alineada con el partido LIBRE, eludiendo partes del marco constitucional y el debido proceso para el nombramiento de fiscales generales. Posteriormente su cargo fue ratificado por el Congreso. Desde entonces, el fiscal general ha tomado medidas selectivas y muy públicas que han alimentado la tensión política de cara a las elecciones. Por ejemplo, mediante el enjuiciamiento penal del diputado del Partido Nacional Nelson Márquez, el general retirado Romeo Vázquez y el candidato presidencial del Partido Nacional Nasry Asfura. Mientras tanto, el fiscal general no ha investigado los casos de corrupción que involucran a figuras cercanas al Gobierno, como el cuñado del presidente Castro, Carlos Zelaya, que aparece en un vídeo viral negociando apoyo financiero a la campaña de LIBRE con narcotraficantes condenados. Otro caso incluye a la diputada del partido LIBRE Isis Cuellar y el exministro José Carlos Cardona por presunto uso indebido de fondos de asistencia social. En nuestro análisis, esta inacción selectiva ha erosionado la confianza en la independencia del fiscal general y ha alimentado la preocupación de que el Ministerio Público pueda utilizarse para perseguir a figuras de la oposición o influir en las elecciones. PARÁLISIS DEL CONGRESO NACIONAL El Congreso Nacional no ha convocado a sesión a los diputados desde el 27 de agosto de 2025, lo que equivale a casi nueve semanas de parálisis legislativa que han estancado la función del congreso incluyendo la elaboración de leyes esenciales. Al parecer, el presidente del Congreso se ha abstenido de convocar sesiones para impedir que la oposición impulse leyes desfavorables para el actual Gobierno. En respuesta, la mayoría de los legisladores se reunieron fuera del edificio del Congreso durante la segunda quincena de octubre, lo que llevó al presidente del Congreso, Luis Redondo, a solicitar al fiscal general que iniciara acciones legales contra los miembros de la oposición. Los recientes acontecimientos en el Congreso hacen eco de una crisis institucional similar en 2023, cuando un estancamiento legislativo de cuatro meses culminó con el controvertido nombramiento del fiscal general mencionado anteriormente. Este patrón de estancamiento institucional suscita serias preocupaciones de que los controles legislativos puedan debilitarse aún más, la supervisión electoral disminuya y las decisiones clave posteriores a las elecciones se tomen al margen del proceso plenario ordinario. EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS El artículo 272 de la Constitución hondureña otorga a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la custodia, el transporte y la salvaguarda del material electoral (papeletas) y la seguridad pública relacionada con las elecciones. Sin embargo, han sido objeto de controversia. Rixi Moncada fue nombrada ministra de Defensa en septiembre de 2024 en respuesta a la viralización del escándalo del vídeo de Carlos Zelaya descrito anteriormente. Permaneció en ese cargo hasta mayo de 2025, al mismo tiempo que hacía campaña como candidata presidencial, lo que suscitó preocupación por la politización del ejército y la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar. Durante las elecciones primarias del 9 de marzo, el ejército supervisó la logística en medio de importantes retrasos. A la 1 de la tarde del día de las elecciones, el 40 % de los centros de votación de las dos principales
A 31 DÍAS DE LAS ELECCIONES GENERALES, EL INSTITUTO DE LA JUSTICIA PRESENTA LA SEGUNDA ENTREGA DEL “TERMÓMETRO ELECTORAL”
Tegucigalpa, 30 de octubre 2025. A 31 días de las elecciones generales y con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la democracia, el Instituto de la Justicia presentó la segunda entrega del Termómetro Electoral, estudio que analiza la percepción ciudadana sobre el proceso electoral, los candidatos y la transparencia institucional. El sondeo fue realizado por la firma Le Vote entre el 22 y el 27 de octubre de 2025, con cobertura en más de 200 municipios a nivel nacional. La muestra, aleatoria y representativa, incluyó 2,033 entrevistas telefónicas a números móviles personales, metodología que permitió superar limitaciones de acceso y seguridad, e incorporar la opinión de personas fuera de sus hogares. El estudio revela que el 32% de los encuestados se siente más motivado a votar por una propuesta, mientras que el 22% lo haría por un candidato y el 17% por un partido político. No obstante, el 60% de los consultados afirmó no haber escuchado propuestas de los aspirantes, y entre quienes sí lo han hecho, únicamente el 23% considera que las propuestas son “muy” o “algo” claras, frente a un 12% que las percibe como “nada” claras. En materia de integridad electoral, cuatro de cada diez hondureños manifestaron que aceptarían un beneficio a cambio de su voto, aunque la mayoría asegura que votarían por el candidato de su preferencia. Entre los jóvenes, tres de cada diez creen que quien acepta una dádiva termina votando por el candidato que la ofreció. Respecto a la percepción de fraude electoral, el porcentaje de ciudadanos que considera que las elecciones serán “algo” o “muy” fraudulentas aumentó a 54%, en comparación con el 46% registrado en el primer estudio. Asimismo, el 61% de los encuestados opina que las Fuerzas Armadas “tal vez” o “no” cumplirán su rol de forma independiente durante los comicios. A pesar del clima de incertidumbre derivado de los conflictos y tensiones entre las principales fuerzas políticas, por lo menos seis de cada diez ciudadanos afirmaron que acudirán a votar el próximo 30 de noviembre. Voto decidido Los resultados del voto decidido muestran ligeras variaciones en relación con el primer sondeo, publicado el 16 de octubre. El 40% de los encuestados decididos indicó que votaría por Salvador Nasralla (Partido Liberal); el 31% por Nasry Asfura (Partido Nacional); el 25% por Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación – Libre); y el 4% por otros candidatos. El Termómetro electoral se consolida como una fuente confiable, técnica y transparente de medición de la opinión pública con una metodología validada y acompañada por un panel de siete especialistas internacionales en investigación, análisis de datos y procesos democráticos. En un ejercicio de transparencia y rigor técnico, el Instituto de la Justicia pone a disposición del público la metodología completa, las bases de datos internas y los resultados detallados en su sitio https://institutodelajusticia.com/, para que cualquier persona pueda realizar su propio análisis por departamento, género u otras variables. Sobre el Instituto de la Justicia El Instituto de la Justicia es un think tank comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la justicia en Honduras. A través de investigaciones aplicadas, genera propuestas y conocimiento orientados a mejorar la toma de decisiones en beneficio de la sociedad hondureña. En un contexto de crecientes desafíos institucionales, el Instituto se posiciona como un espacio de análisis y propuesta que impulsa soluciones técnicas, éticas y rigurosas para la transformación social.
“TERMÓMETRO ELECTORAL” DEL INSTITUTO DE LA JUSTICIA SE CONSOLIDA COMO LA ENCUESTA MÁS RIGUROSA Y VALIDADA POR EXPERTOS INTERNACIONALES A 45 DÍAS DE LAS ELECCIONES GENERALES
Tegucigalpa, 16 de octubre 2025. A 45 días de las elecciones generales y como aporte al fortalecimiento de la democracia, el Instituto de la Justicia presentan el Termómetro electoral, una fuente confiable, técnica y transparente de medición de la opinión pública con una metodología validada y acompañada por un panel de siete especialistas internacionales en investigación, análisis de datos y procesos democráticos. El sondeo fue realizado por Le Vote entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre en más de 200 municipios a nivel nacional, con una muestra aleatoria de 2,028 personas. La recolección de datos se realizó mediante encuestas telefónicas a números móviles personales, lo que permitió superar limitaciones de acceso y seguridad, e incluir a personas fuera de sus hogares. El grupo de expertos internacionales que acompaña este proyecto está compuesto por: Daniel Montalvo, director de Operaciones de Investigación por Muestreo en LAPOP/Vanderbilt University; Marija Stankovska, experta en muestras e investigación de encuestas en Sample Solutions; Anthony Fontes, profesor asociado de American University; Joseph Dieleman, profesor adjunto de la Universidad de Washington; Abram Huyser-Honig, analista de datos y experto en Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Michigan; Nicolás Rodríguez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, y Mark Ungar, profesor de Ciencias Políticas del Brooklyn College. Percepción del proceso electoral, participación política y prioridades ciudadanas Entre los resultados del sondeo destaca que 26% de los hondureños asegura que votará por Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por el Partido Liberal; 21% por Nasry Asfura, candidato por el Partido Nacional; 14% por Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y 3% por otros aspirantes. La percepción de transparencia electoral continúa dividida. El 46% considera que las próximas elecciones serán “algo” o “muy fraudulentas”, mientras que el 32% cree que podrían ser “algo” o “muy limpias”. Además, tres de cada cuatro hondureños (75%) afirmó tener “poca” o “ninguna” confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pese a ello, el 61% de los encuestados aseguró que sí participará en las elecciones de noviembre. En términos de participación política, el 69% declaró no haber asistido a reuniones, concentraciones o marchas políticas. Entre quienes sí participaron, el 29% lo hizo en actividades organizadas por iglesias y el 37% en eventos de partidos políticos. Asimismo, el 86% señaló no haber compartido contenido político en redes sociales. Aunque la mitad de los encuestados (50%) afirmó sentirse decepcionada de la política nacional, las respuestas sobre las prioridades del próximo gobierno reflejan expectativas claras: un 30% considera que la prioridad debe ser la generación de empleos; 18%, la lucha contra la corrupción; 17%, el mejoramiento de los servicios de salud; y 17%, la educación. En un ejercicio de transparencia y rigor técnico, el Instituto de la Justicia pone a disposición del público la metodología completa, las bases de datos internas y los resultados detallados en su sitio https://institutodelajusticia.com/, para que cualquier persona pueda realizar su propio análisis por departamento, género u otras variables. Sobre el Instituto de la Justicia El Instituto de la Justicia es un think tank comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la justicia en Honduras. A través de investigaciones aplicadas, genera propuestas y conocimiento orientados a mejorar la toma de decisiones en beneficio de la sociedad hondureña. En un contexto de crecientes desafíos institucionales, el Instituto se posiciona como un espacio de análisis y propuesta que impulsa soluciones técnicas, éticas y rigurosas para la transformación social.
“OPERACIÓN DESINFORMACIÓN” REVELA ESTRUCTURA ESTATAL DETRÁS DE CAMPAÑAS DIGITALES EN HONDURAS
Tegucigalpa, 14 de octubre 2025. La desinformación se ha convertido en una amenaza creciente para la democracia a nivel global. En Honduras, un hallazgo especialmente preocupante es el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios, empleados y becarios del Estado en la creación y difusión de contenido. Así lo revela la investigación “Operación Desinformación”, presentada este martes por el Instituto de la Justicia. El estudio de tres tomos fue dado a conocer ante representantes de la academia, sociedad civil, empresa privada y otros sectores, y expone con detalle cómo funcionan las redes de desinformación estatales, sus patrones de propagación en redes sociales y las rutas de acción necesarias para contrarrestar este fenómeno. Entrevistas a profundidad con empleados y exempleados públicos, becarios y expertos, así como una revisión exhaustiva de planillas oficiales, presupuestos, contratos públicos y comunicaciones enviadas a través de plataformas de mensajería instantánea por parte de ministros y altos funcionarios, dejan en evidencia patrones de ataque desde cuentas reales y falsas que difunden propaganda y manipulan la conversación pública, apoyadas directa o indirectamente por recursos del Estado. La investigación señala que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo la administración del ministro anterior, se instauró un entorno de control y coerción. Funcionarios y becarios eran instados a compartir mensajes en redes personales e incluso manejar cuentas falsas, bajo la presión implícita de que su empleo o beca dependía de cumplir estas directrices. Asimismo, la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), dirigida por Ricardo Salgado, habría operado como un centro de creación y difusión de contenido progobierno y de ataque a la oposición. Con un presupuesto que se ha más que duplicado en los últimos dos años —de L 417 millones en 2023 a L 1,025 millones en 2025— la SPE concentra 278 empleados dedicados a campañas digitales, con un gasto mensual de casi L 9 millones solamente en salarios para el equipo relacionado a comunicación. El estudio detalla que esta estructura combina páginas falsas que simulan medios independientes, operadores humanos profesionales y el uso experimental de inteligencia artificial para generar contenido propagandístico y desinformativo. El Instituto de la Justicia alertó que el uso de fondos públicos y la participación de altos funcionarios en campañas de desinformación representan una grave amenaza para la democracia y la libertad de expresión en Honduras. La investigación concluye que estas operaciones son planificadas y financiadas desde el Estado, haciendo mal uso de recursos que podrían haber sido invertidos en áreas esenciales como educación y salud. El uso de grandes cantidades de recursos públicos para propaganda política puede erosionar la transparencia y fomenta el miedo, la autocensura y el descrédito hacia quienes fiscalizan al poder. Sobre el Instituto de la Justicia El Instituto de la Justicia es un think tank comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la justicia en Honduras. A través de investigaciones aplicadas, genera propuestas y conocimiento orientados a mejorar la toma de decisiones en beneficio de la sociedad hondureña. En un contexto de crecientes desafíos institucionales, el Instituto se posiciona como un espacio de análisis y propuesta que impulsa soluciones técnicas, éticas y rigurosas para la transformación social.
INSTITUTO DE LA JUSTICIA PRESENTARÁ INVESTIGACIÓN INÉDITA SOBRE REDES DE DESINFORMACIÓN EN HONDURAS
Tegucigalpa, 6 de octubre 2025. El Instituto de la Justicia presentará el próximo 14 de octubre la investigación Operación Desinformación, un estudio en tres tomos que expone cómo operan redes de desinformación desde el interior de instituciones públicas en el país, sus patrones de propagación en redes sociales y rutas de acción para contrarrestar este fenómeno. A nivel global, las campañas de desinformación han evolucionado y se han multiplicado. Herramientas como los deepfakes, la inteligencia artificial generativa y las plataformas digitales se han convertido en instrumentos poderosos para distorsionar procesos democráticos, incluyendo elecciones. Honduras no es la excepción. Frente a este desafío, el Instituto de la Justicia ha desarrollado una investigación integral que conceptualiza la desinformación, analiza su impacto en elecciones a nivel global y plantea una hoja de ruta para que la sociedad civil pueda enfrentar la desinformación electoral. Además, revela la creación de campañas de desinformación desde el interior de instituciones públicas hondureñas, mediante entrevistas con funcionarios actuales y pasados. Finalmente, analiza la difusión de desinformación en redes sociales como X, Facebook y TikTok, identificando patrones clave de propagación y manipulación. La presentación oficial contará con un panel de expertos nacionales e internacionales, entre quienes destacan Delia Ferreira, expresidenta de Transparencia Internacional; Nicolás Liendo, oficial de programa de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe; Jennifer Ávila, directora de Contracorriente; y Mario Cerna, fundador de Honduras Verifica. Las inscripciones para el webinar se encuentran abiertas desde ya (Clic aquí)
INSTITUTO DE LA JUSTICIA IMPULSA ANÁLISIS Y SOLUCIONES EN ÁREAS CLAVES PARA HONDURAS
Tegucigalpa, 29 de septiembre 2025. Con el propósito de contribuir al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del país, el Instituto de la Justicia se consolida como un centro de investigación independiente que impulsa análisis y soluciones en áreas estratégicas para Honduras. A través de la generación de ideas, estudios y propuestas basadas en evidencia, el centro de investigación busca fortalecer la toma de decisiones y contribuir a la construcción de políticas públicas más efectivas y orientadas al beneficio de la sociedad hondureña. El trabajo del Instituto se enfoca en áreas prioritarias como: salud, educación, seguridad y justicia, subsector eléctrico, economía y finanzas, además de incorporar ejes transversales de democracia, transparencia y combate a la corrupción. Asímismo, aborda temáticas de migración, cambio climático y estado de derecho, mediante el seguimiento de indicadores clave y la difusión de hallazgos de manera técnica y accesible. El think tank está integrado por un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en investigaciones aplicadas y análisis de datos. Además, cuenta con el respaldo de un Consejo Consultivo conformado por expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio académico y técnico, entre los que figuran: Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional y especialista en Ética y Anticorrupción; Marlon Escoto, exsecretario de educación y exdelegado presidencial en cambio climático; Amparo Canales, economista especialista de género; James Nealon, exembajador de Estados Unidos en Honduras; Mark Ungar, profesor de ciencias políticas en el Brooklyn Collage; Ian Walker, economista de desarrollo; Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala; Nicolás Rodríguez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y Luis Cosenza, asesor Senior del Banco Mundial. Paralelamente a la difusión de información en plataformas digitales, el Instituto participa en espacios de intercambio, conferencias, programas de medios, talleres y seminarios, y ofrece acompañamiento técnico a instituciones, consolidándose como una fuente confiable de análisis. Con su trabajo sustentado en datos verificables, el Instituto busca explicar el impacto de los fenómenos sociales en la vida de las personas, especialmente en los sectores más vulnerables, y promover un enfoque de esperanza que impulse cambios posibles y sostenibles. Conozca más detalles en www.institutodelajusticia.com Sobre el Instituto de la Justicia El Instituto de la Justicia es un think tank comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la justicia en Honduras. A través de investigaciones aplicadas, genera propuestas y conocimiento orientados a mejorar la toma de decisiones en beneficio de la sociedad hondureña.