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HONDURAS REGISTRA UN ALARMANTE 98% DE IMPUNIDAD EN HOMICIDIOS EVIDENCIANDO LA INGOBERNABILIDAD EN SEGURIDAD Y JUSTICIA

Tegucigalpa, 26 de mayo de 2026. Honduras enfrenta un estancamiento en su sistema de seguridad ciudadana y acceso a la justicia debido a graves problemas estructurales de impunidad y gobernabilidad, según lo revelado hoy en la quinta entrega de la serie “Estado de País 2026”, dedicada al sector de Seguridad y Justicia presentada por el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El informe señala que, si bien existen disminuciones en indicadores como la tasa de homicidios – que pasó de 85.5 por cada 100 mil habitantes en 2012 a una tasa de 26.6 en 2025-, el país sigue siendo el más violento de Centroamérica, registrando un promedio de 6 homicidios por día. A pesar de que el Estado destinó un presupuesto acumulado histórico de 130,621.98 millones de lempiras a las instituciones de seguridad y justicia durante el período 2022-2025 -y de haber recaudado en la Tasa de Seguridad un promedio anual de 4,423.1 millones de lempiras, el doble de la década anterior-, el sistema penal se encuentra estancado. El análisis revela que el incremento presupuestario de los últimos gobiernos no se traduce en justicia ni en el fortalecimiento real de los operadores de justicia, una debilidad estructural que se refleja en que el índice de impunidad alcanzó un histórico 98% en 2025, dejando sin sentencia condenatoria a la inmensa mayoría de los 74,820 homicidios ocurridos en los últimos 15 años. Por otro lado, la encuesta de victimización del Instituto de la Justicia revela que la extorsión persiste con fuerza en el territorio al mantener un índice de 10.6% que afectó directamente a 294,760 hogares en 2025; este escenario se ve agravado por la expansión geográfica del delito, dado que departamentos como Yoro con un 19.7% y Lempira con un 14.8% registran niveles de victimización muy superiores al promedio nacional, lo que demuestra que la extorsión se ha extendido con fuerza a zonas donde antes no llegaba. El informe también confirma que Honduras se mantiene como el epicentro de la violencia de género y los femicidios en América Latina. Durante el año 2025, ocurrieron 262 muertes violentas de mujeres y femicidios, lo que significa que una mujer es asesinada cada 33 horas en el país. En los últimos cinco años (2019-2025), de 2,278 femicidios registrados, el Poder Judicial reporta que solo 150 casos fueron judicializados y apenas 67 terminaron en sentencias condenatorias, consolidando una tasa de impunidad del 95.4% en violencia contra las mujeres. Por otra parte, el informe denuncia que el Estado no garantiza la protección de los niños, niñas y adolescentes. Durante el año 2025, el sistema penal registró que cada 7 horas se interpuso una denuncia por abuso sexual infantil, convirtiéndose en uno de los reflejos más alarmantes de la deuda del aparato de justicia y prevención social en los sectores más vulnerables. A partir de la recopilación de datos oficiales, el Instituto de la Justicia de ASJ plantea una ruta de acción centrada en la sustitución progresiva de las medidas restrictivas de choque por operaciones estratégicas de inteligencia táctica y fortalecimiento tecnológico. Esta estrategia de focalización debe priorizar las zonas de mayor incidencia criminal, como el Distrito Central y San Pedro Sula, que concentraron el 40% de los homicidios en 2025, permitiendo un abordaje eficiente de los fenómenos delictivos. Asimismo, se señala la necesidad imperativa de impulsar las reformas pendientes al Código Penal y al Código Procesal Penal, junto con una modernización integral y un control efectivo y sostenible del sistema carcelario nacional. Para asegurar la sostenibilidad de estos esfuerzos, el Instituto propone equilibrar la asignación de recursos presupuestarios hacia la investigación científica criminal del Ministerio Público y la profesionalización técnica de los operadores de justicia, blindando definitivamente a las instituciones de la politización y el clientelismo. Ver presentación: Ver evento: Quinta entrega Estado de País 2026 – Seguridad y Justicia https://t.co/UyeTdqtdtN — Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) May 26, 2026

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD REQUIERE UN PACTO NACIONAL PARA GARANTIZAR ACCESO OPORTUNO Y CALIDAD A LA CIUDADANÍA 

 Tegucigalpa, 10 de abril de 2026. Ante un sistema de salud donde el acceso y la calidad de los servicios dependen cada vez más del poder adquisitivo de la ciudadanía, el Instituto de la Justicia hizo un llamado urgente a impulsar un pacto nacional por la salud que permita transformar de manera estructural e integral el sistema sanitario hondureño, en beneficio de los sectores históricamente excluidos.  En la segunda entrega de la serie Estado de país 2026, el Instituto de la Justicia alertó sobre la crisis estructural del sistema sanitario hondureño, caracterizada por acceso limitado a medicamentos, largas listas de espera para cirugías, baja cobertura de vacunación y un enfoque centrado en la atención curativa en lugar de la prevención.  Entre los hallazgos más preocupantes, el informe destaca el deterioro en las condiciones nutricionales de la población. La desnutrición ha aumentado de 13 % en 2018 a 15 % en 2023, mientras que en 2024 el 40 % de la población no contaba con ingresos suficientes para costear una dieta saludable (FAO). Esta situación impacta directamente en el desarrollo infantil, incrementa el riesgo de enfermedades crónicas y limita la productividad económica del país.  De forma paralela, la obesidad también muestra una tendencia al alza. Entre 2015 y 2022 aumentó un 5%, alcanzando el 30 % de la población, lo que implica que casi uno de cada tres hondureños vive con esta condición, asociada a enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, padecimientos cardiovasculares, entre otras.  El Instituto de la Justicia advirtió que, de no atenderse de manera oportuna, estas tendencias aumentarán la carga de enfermedades crónicas y mortalidad, sobrepasando aún más la capacidad de respuesta del sistema de salud.  Otros indicadores  En términos de cobertura, aunque en la última década se han incorporado 166 establecimientos de salud (un incremento del 10 %) y el número de médicos aumentó de tres a cinco por cada 10 mil habitantes, las atenciones han disminuido significativamente. De registrar cerca de 10 millones de atenciones anuales en el primer nivel antes de 2016, la cifra cayó a 7.4 millones en 2024 y apenas tres millones en el segundo nivel.  El informe también alerta sobre el retroceso en la cobertura de vacunación. Tras haber alcanzado niveles del 100 % entre 2014 y 2016, la reducción de fondos y el abandono de buenas prácticas provocaron una caída por debajo de los estándares recomendados, lo que ya ha tenido consecuencias: luego de casi tres décadas sin casos, en 2026 se reportaron sospechas de sarampión y nueve muertes por tosferina.  En cuanto a la calidad de la atención, persisten serias deficiencias en el acceso a medicamentos. En los últimos tres años, menos del 80 % de los pacientes del sistema público recibieron sus tratamientos completos, evidenciando fallas en los procesos de compra y distribución. A esto se suma una elevada mora quirúrgica: más de 10,000 personas permanecieron en lista de espera durante 2025 y más de 40 quirófanos continúan fuera de servicio, en muchos casos por problemas de gestión.  Cabe señalar que, en 2025, el gasto en salud cayó a 2.8 % del PIB, muy por debajo del 6 % recomendado por la OPS, mientras entre 2022 a 2025 se dejaron de ejecutar L 7,296 millones del presupuesto asignado a salud.  Frente a este panorama, el Instituto de la Justicia enfatizó en la relevancia de un pacto nacional por la salud que articule esfuerzos entre autoridades, sector privado, sociedad civil y ciudadanía, con una visión de largo plazo centrada en la equidad, la eficiencia y una gestión basada en resultados. Entre las recomendaciones planteadas se encuentra fortalecer la atención primaria con enfoque preventivo, promoviendo el seguimiento comunitario en los hogares, especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se insta a garantizar procesos transparentes y eficientes para la compra y distribución de medicamentos, así como implementar un plan nacional de cirugías oportunas que reduzca de forma sostenible la mora quirúrgica.  La serie Estado de país tiene como objetivo aportar evidencia y análisis para la toma de decisiones, promoviendo el debate informado y la construcción de soluciones a los principales desafíos que enfrenta Honduras. 

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