Resumen de hechos y declaración de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional.
RESUMEN
Este informe resume los principales acontecimientos que conforman el contexto político actual de Honduras y subraya la urgente necesidad de una observación y un compromiso internacional sostenido para salvaguardar la credibilidad de las elecciones de 2025. El informe cubre lo siguiente:
- La politización del Ministerio Público y los enjuiciamientos selectivos que socavan la independencia judicial y la equidad electoral.
- La parálisis legislativa y las disputas por la autoridad del Congreso, que debilitan los controles y la gobernanza postelectoral.
- La escalada de conflictos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente extralimitación del ejército, que amenazan la neutralidad del proceso electoral.
- La movilización cívica persistente y el papel fundamental de la participación internacional y de la sociedad civil en la defensa de la integridad electoral.
INTRODUCCIÓN
Honduras se acerca a las elecciones generales el 30 de noviembre de 2025 en medio de una crisis política e institucional cada vez más profunda, acompañada de una preocupación generalizada por la transparencia y la integridad del proceso electoral. La situación se agravó considerablemente tras la publicación por parte del Ministerio Público, el miércoles 29 de octubre, de grabaciones de audio no verificadas que, supuestamente, implican a un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una conspiración para influir en los resultados electorales.
La crisis se intensificó el sábado 1 de noviembre, cuando el presidente del Congreso instaló una Comisión Permanente facultada para actuar en nombre del Congreso durante los períodos de receso, excluyendo notablemente a los representantes de los dos principales partidos de la oposición. Esta medida se tomó a pesar de que la mayoría de los diputados votaron el martes 28 de octubre a favor de prorrogar la sesión legislativa hasta enero del próximo año. En consecuencia, dos órganos rivales reclaman ahora la legitimidad para representar al Congreso: uno liderado por la mayoría legislativa y otro por el presidente del Congreso, alineado con el Gobierno de LIBRE.
Estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de descontento generalizado con la actuación del Gobierno de LIBRE en los últimos años, lo que ha dejado a la candidata del partido, Rixi Moncada, muy por detrás de los candidatos de la oposición en las encuestas electorales. Una encuesta realizada por Le Vote para el Instituto de Justicia mostró una diferencia sustancial entre los candidatos: Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lidera con el 40 % de los votos, seguido de Nasry Asfura con el 31 % y Moncada en tercer lugar con el 25 %. En las encuestas existentes, Nasralla lidera en 9 de las 14 encuestas publicadas, Asfura en 3 y Moncada en 2, con un promedio del 31 % para Nasralla, el 27 % para Asfura y el 24 % para Moncada. Las dos encuestas que indican una ventaja de Moncada han sido ampliamente criticadas por fuentes fiables por sus metodologías dudosas (en el caso de Tresearch) y sus posibles vínculos con el Gobierno actual (en el caso de Opinómetro). La mala posición de LIBRE en las encuestas parece haber motivado al partido a aprovechar su influencia sobre las instituciones estatales de formas que podrían socavar la integridad de las próximas elecciones.
POLITIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El actual fiscal general, Johel Zelaya, fue nombrado inicialmente en un proceso muy controvertido, por una comisión permanente de nueve miembros alineada con el partido LIBRE, eludiendo partes del marco constitucional y el debido proceso para el nombramiento de fiscales generales. Posteriormente su cargo fue ratificado por el Congreso. Desde entonces, el fiscal general ha tomado medidas selectivas y muy públicas que han alimentado la tensión política de cara a las elecciones. Por ejemplo, mediante el enjuiciamiento penal del diputado del Partido Nacional Nelson Márquez, el general retirado Romeo Vázquez y el candidato presidencial del Partido Nacional Nasry Asfura.
Mientras tanto, el fiscal general no ha investigado los casos de corrupción que involucran a figuras cercanas al Gobierno, como el cuñado del presidente Castro, Carlos Zelaya, que aparece en un vídeo viral negociando apoyo financiero a la campaña de LIBRE con narcotraficantes condenados. Otro caso incluye a la diputada del partido LIBRE Isis Cuellar y el exministro José Carlos Cardona por presunto uso indebido de fondos de asistencia social. En nuestro análisis, esta inacción selectiva ha erosionado la confianza en la independencia del fiscal general y ha alimentado la preocupación de que el Ministerio Público pueda utilizarse para perseguir a figuras de la oposición o influir en las elecciones.
PARÁLISIS DEL CONGRESO NACIONAL
El Congreso Nacional no ha convocado a sesión a los diputados desde el 27 de agosto de 2025, lo que equivale a casi nueve semanas de parálisis legislativa que han estancado la función del congreso incluyendo la elaboración de leyes esenciales. Al parecer, el presidente del Congreso se ha abstenido de convocar sesiones para impedir que la oposición impulse leyes desfavorables para el actual Gobierno. En respuesta, la mayoría de los legisladores se reunieron fuera del edificio del Congreso durante la segunda quincena de octubre, lo que llevó al presidente del Congreso, Luis Redondo, a solicitar al fiscal general que iniciara acciones legales contra los miembros de la oposición.
Los recientes acontecimientos en el Congreso hacen eco de una crisis institucional similar en 2023, cuando un estancamiento legislativo de cuatro meses culminó con el controvertido nombramiento del fiscal general mencionado anteriormente. Este patrón de estancamiento institucional suscita serias preocupaciones de que los controles legislativos puedan debilitarse aún más, la supervisión electoral disminuya y las decisiones clave posteriores a las elecciones se tomen al margen del proceso plenario ordinario.
EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS
El artículo 272 de la Constitución hondureña otorga a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la custodia, el transporte y la salvaguarda del material electoral (papeletas) y la seguridad pública relacionada con las elecciones. Sin embargo, han sido objeto de controversia. Rixi Moncada fue nombrada ministra de Defensa en septiembre de 2024 en respuesta a la viralización del escándalo del vídeo de Carlos Zelaya descrito anteriormente. Permaneció en ese cargo hasta mayo de 2025, al mismo tiempo que hacía campaña como candidata presidencial, lo que suscitó preocupación por la politización del ejército y la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar.
Durante las elecciones primarias del 9 de marzo, el ejército supervisó la logística en medio de importantes retrasos. A la 1 de la tarde del día de las elecciones, el 40 % de los centros de votación de las dos principales ciudades aún no habían recibido el material electoral. Estos problemas contribuyeron a la preocupación de la opinión pública sobre la imparcialidad y la eficacia de las Fuerzas Armadas en materia electoral. Los retrasos hicieron que al menos 460,000 personas en Tegucigalpa y San Pedro Sula no hubieran votado al mediodía, y miles esperaron más de 16 horas para emitir su voto. Otros se vieron obligados a votar una semana más tarde.
En mayo de 2025, el ejército acusó a los periodistas de ser «sicarios de la verdad» en su periódico oficial. Esto produjo preocupación de que el ejército estuviera actuando más allá de su mandato electoral e intimidando a los periodistas, lo que podría dar lugar a la autocensura y al cierre del espacio cívico.
El 24 de octubre de 2025, el jefe de las Fuerzas Armadas solicitó al CNE acceso directo a las actas electorales presidenciales, una medida sin precedentes que despertó la alarma sobre una posible extralimitación e interferencia en las próximas elecciones generales.
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Una característica preocupante del sistema electoral hondureño es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está gestionado directamente por los tres principales partidos políticos del país, lo que inevitablemente politiza el proceso. Cada partido nombra a un representante como miembro del consejo. Las ambigüedades legales han dado lugar a varios conflictos entre los miembros del consejo, que se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de socavar el proceso electoral. Durante los retos logísticos de las elecciones primarias de marzo de 2025, las tensiones internas dentro del CNE ya eran evidentes y se intensificaron en los meses siguientes.
A principios de julio, las tensiones aumentaron significativamente debido a las disputas relacionadas con el sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El miembro del consejo por parte de LIBRE, Marlon Ochoa, exigió públicamente que los resultados se transmitieran electrónicamente a medida que se recibían las papeletas, mientras que los demás miembros del consejo insistían en una verificación humana previa. Este desacuerdo paralizó al CNE durante casi un mes, retrasando el calendario de implementación y poniendo en riesgo la preparación de componentes clave de las elecciones. El 4 de agosto se llegó a un acuerdo que permitía transmitir los resultados preliminares a medida que se recibían y realizar la verificación humana de las papeletas disputadas al día siguiente.
El 16 de julio, la consejera del Partido Liberal, Ana Paola Hall, anunció su dimisión, alegando presiones políticas, pero luego se retractó. Actualmente sigue desempeñando su cargo. Estas tensiones se intensifican aún más por la judicialización de las elecciones (lawfare), ya que los miembros del consejo presentan repetidamente denuncias legales unos contra otros, lo que socava la confianza institucional.
El 29 de octubre de 2025, el Ministerio Público hizo públicas unas grabaciones de audio obtenidas sin orden judicial por el miembro del consejo del CNE, Marlon Ochoa, que implicaban a la consejera del Partido Nacional, Cossette López, a un oficial militar y a un representante del Congreso en una supuesta conspiración para manipular los resultados electorales.
En una conferencia de prensa, el fiscal general Johel Zelaya anunció una investigación sobre las personas involucradas en las grabaciones de audio sin haber verificado el origen ni la validez de las mismas. Esto podría dar lugar a cargos contra Cossette López por conspiración para manipular los resultados electorales y traición. En respuesta, Cossette López rechazó vehementemente las grabaciones por considerarlas falsificadas. Mientras tanto, los partidos de la oposición y los grupos de observadores electorales han instado a la claridad y la transparencia.
Tras estos acontecimientos, la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, pidió a sus seguidores y a los grupos afiliados a LIBRE que marcharan hacia Tegucigalpa en una «movilización nacional sin retorno». Se espera que en estas movilizaciones participen colectivos, grupos vinculados al partido LIBRE que anteriormente han estado asociados con tensiones y violencia. En el pasado, estos grupos han ocupado por la fuerza hospitales públicos, bloqueando el acceso a la atención médica de los pacientes para exigir empleo. En una ocasión, su ocupación de un hospital nacional dio lugar a que fueran contratados formalmente como personal de seguridad, a pesar de carecer de la formación adecuada. También han recurrido a la violencia física contra sus oponentes políticos; por ejemplo, durante una crisis en el Congreso Nacional, un activista de LIBRE golpeó en la cabeza con una botella al diputado opositor Toño Rivera, causándole una hemorragia que requirió atención médica de urgencia.
EL COMPROMISO CIUDADANO PERSISTE
A pesar de estos retos, la sociedad civil ha seguido comprometida. En agosto de 2025, grupos católicos y evangélicos organizaron una Caminata por la Paz y la Democracia a nivel nacional en la que se calcula que 300,000 personas salieron a las calles para pedir elecciones transparentes. Los datos de las encuestas indican que al menos el 62 % de los votantes con derecho a voto tienen intención de votar en las próximas elecciones.
LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Nos preocupa profundamente la actual politización de la Ministerio Público, la disputa sobre la legitimidad de los representantes del Congreso y la imparcialidad de las Fuerzas Armadas. Estos factores ponen en grave peligro las elecciones y la democracia.
Invitamos a los observadores electorales, los donantes y la comunidad internacional a que sigan de cerca la situación en Honduras durante los días previos, durante y después de las elecciones generales del 30 de noviembre. Su compromiso y su apoyo continuo a ASJ y a Honduras son fundamentales para garantizar un proceso electoral libre y justo, lo cual es esencial para construir una sociedad más justa para todos los hondureños.
Los acontecimientos están evolucionando rápidamente y seguiremos vigilando e informando sobre los acontecimientos en las próximas semanas.
ACERCA DE: El Instituto de Justicia es un centro de estudios de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la sección hondureña de Transparencia Internacional. Este análisis refleja la dinámica de poder actual relacionada con las próximas elecciones, independientemente de quién ocupe el cargo. Para más información sobre el Instituto, visite nuestro sitio web.